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TELEPRENSA.- El manido discurso de que la Diputación Provincial de Almería es el garante de los pueblos pequeños no casa demasiado bien con los datos de las inversiones hechas por esta administración púbica en el último año, al igual que parece haber una relación manifiesta entre que el ayuntamiento en cuestión esté o no gobernado por el PP o, pero aún, que se trate de un pueblo que perdieron en las últimas elecciones. La nueva herramienta dada a conocer por la Diputación Provincial y que permite tener una idea de dónde se gasta el dinero de los contribuyentes arroja datos tan interesantes como que Roquetas de Mar (89.851 habitantes) recibió en 2016 más de un millón de euros, mientras El Ejido (83.774 habitantes), la tradicional capital del Poniente, superó en poco los trescientos mil.   Si curioso es que el pueblo del presidente de la Diputación sea el que más reciba, no menos chocante es que el tercer municipio en población, Níjar (29.284 habitantes) no llegue a los 237.000 euros de inversión, pero mucho más sospechoso resulta que en 2015, cuando aún gobernaba el PP, la asignación en inversión al municipio fuese de 959.863,29 euros. Claro que buena parte del dinero público invertido durante esos años en la localidad fue a parar a obras llevadas a cabo por la empresa Hispano Almería, originaria de Roquetas de Mar y ahora investigada judicialmente por las presuntas mordidas, por ahora, detectadas en este municipio.
Si Níjar se quedó a un tercio de inversiones públicas provinciales no es así en pueblos como Gádor, gobernado por el PP, que con sus 3.030 habitantes ha recibido nada más y nada menos que 835.757,85 euros en 2014; 490.741,09 en 2015 y 355.950,24 en el pasado ejercicio. Ejemplos de este tipo los hay sobradamente, pero algunos llaman especialmente la atención, como el caso de Olula del Río (6216 habitantes), cuyo alcalde del PP está imputado por tres causas judiciales distintas, y que ha recibido de la Diputación Provincial 756.458,46 euros en 2016, y la nada desdeñable cifra de 459.483,81 euros en 2015.
La diferencia entre lo que recibía un pueblo desde la Diputación en las épocas que gobernaba el PP y que ahora están dirigidos por gobiernos del PSOE se ve claramente en Garrucha, donde la última corporación popular percibió 706.353,43 en 2014; 318.877,94 en 2015, y apenas 198.081,98 en 2016, primer año completo de gobierno socialista.
Los datos económicos son un claro reflejo de que los pueblos pequeños lo seguirán siendo con el nivel de inversión que perciben y, por otro lado, arrojan luz sobre el porqué la mayor parte de aquéllos con gobiernos ajenos al PP empiezan a abandonar todos los servicios relacionados con la Diputación Provincial, ya sea agua, basura o recaudación de impuestos.