El Ayuntamiento de Vera a través de la concejalía de Economía proponía al pleno, que aprobaba por unanimidad de todos los ediles, una moción que pretende facilitar a los ciudadanos afrontar sus pagos de impuestos, tasas u otras obligaciones a la administración local.
Se trata, tal y como explicaba el concejal Mariano Estecha, de una modificación de la ordenanza general de gestión, inspección y recaudación de ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Vera que permite que aquellas personas que tengan dificultades para cumplir con los pagos a la administración local puedan hacerlo de forma fraccionada, ampliando los plazos para que puedan responder de las deudas que mantengan con el consistorio.
Como se expone en los antecedentes de la propuesta una de las consecuencias de la prolongada crisis económica que se viene padeciendo, la constituye sin duda, las numerosas dificultades por las que atraviesan amplias capas de la población para hacer frente a sus obligaciones de pago, lo cual afecta a las gestión recaudatoria de los ingresos de las corporaciones locales. Por ello, parece conveniente el estudio de fórmulas adecuadas que puedan ayudar al ciudadano a dar cumplimiento de las obligaciones derivadas de impuestos, tasas, precios públicos y demás derechos económicos que, en su caso, devenguen a favor de la hacienda local.
Mariano Estecha asegura que desde su área son conscientes de que hay mucha gente que quiere abonar sus impuestos, pero no puede, y por eso, con la preocupación de que les sea más fácil y no les suponga un grave problema en su vida diaria, hemos apostado por alargar los plazos en los que se puede pagar , estableciendo unos fraccionamientos de pago que parten de los nueves meses y se extienden hasta los 36, pero además, hay casos en los que personas físicas, previo informe de los servicios sociales, tendrán un plazo máximo de fraccionamiento que se incrementa hasta los 60 meses. Las fracciones tendrán un importe mínimo de 50 euros.
Con la modificación de la ordenanza, además, se eleva hasta la cantidad de 18.000 euros, el importe para exigir la prestación de aval o garantía a la hora del fraccionamiento.
Tal y como apunta el edil popular, hemos mejorado de forma sustancial la ordenanza, buscando el mayor plazo posible para esas personas dispuestas a sufragar sus impuestos, pero con dificultad para ello. Con esto conseguimos un doble objetivo, que es que todos aportemos con nuestros impuestos al buen funcionamiento de la administración local, y que los vecinos no se encuentren con más dificultades añadidas en estos tiempos de crisis a la hora de afrontar sus pagos.